Reflexiones a propósito de los diálogos de paz en La Habana

Clara Rocío Rodríguez Pico

07/07/2013

Opinión

^-A ⁺A

Es usual que los acuerdos de paz que buscan acabar con conflictos armados incluyan reglas de juego y arreglos relacionados con la participación política de los actores desmovilizados, más aún en los casos en que estos actores han contemplado reivindicaciones de carácter político en sus luchas. Así ha ocurrido con muchas experiencias a nivel mundial (Guatemala, el Salvador, Filipinas, etc.), y en nuestro propio país en procesos a través de los cuales se reintegraron el M-19 y otros movimientos armados

[i].

La definición de estas reglas de juego tiene además, por lo menos, dos propósitos de la mayor importancia:

· Crear condiciones para que el conflicto no se vuelva a repetir. Los acuerdos, normas e instituciones provistos por la democracia buscan, en el fondo, canalizar conflictos distribucionales, ideológicos, políticos y de identidad presentes en todas las sociedades, de tal forma que éstos puedan tramitarse por vías pacíficas y que las definiciones sobre proyectos de país se hagan mediante elecciones y no mediante la imposición armada.

· Avanzar en el camino de la ampliación o profundización democrática al incorporar a la vida política y a la competencia electoral a quienes hasta la firma de los acuerdos actuaron como actores antisistema.

Búsqueda de la democracia y apertura política en Colombia

En el caso colombiano, ambas propósitos están presentes. El nombre del acuerdo suscrito entre las FARC y el gobierno, “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, (resaltado fuera del texto) no puede recoger mejor el anhelo de paz de las y los colombianos, después de la degradación y el sufrimiento ocasionado a lo largo y ancho del país por una guerra prolongada por más de medio siglo.

En relación con el segundo propósito, se podría plantear que a diferencia de otros países que han alcanzado un régimen democrático como consecuencia de la caída de autoritarismos de diverso tipo, en el caso colombiano se ha avanzado en una especie de plan “en cuotas”, según el cual desde el inicio de nuestra vida republicana hemos tenido expresiones de democracia liberal representativa (partidos, elecciones, separación de poderes, etc.) que han sido limitadas y no logran consolidarse para proveer un sistema de reglas de juego y mecanismos institucionales para el acceso al poder político en el cual quepan todas las diferencias.

En oposición a formas de instauración de la democracia donde hay un momento fundacional en que se establecen instituciones y reglas de juego que poco a poco empiezan a ser acatadas por actores con intereses diversos y en ocasiones contrapuestos, la idea de democracia en cuotas, señalaría un proceso en el que en diversos momentos históricos se presentan ganancias y logros que van en el camino de mayor apertura y democratización[ii].

De entrada la instauración de la democracia en Colombia mediante el Frente Nacional, estableció un sistema cerrado y restringido en el que solo cabían los dos actores políticos que habían hecho el pacto. Más aún no se trataba de actores como un todo, sino que fueron las élites de los partidos políticos tradicionales quienes lideraron ese proceso. Pese a que se generó una fuerte oposición tanto al interior del propio régimen (expresada en organizaciones como el Movimiento Revolucionario Liberal, o la ANAPO), como por fuera de éste, mediante las guerrillas, las posibilidades de cambió fueron mínimas y se debió esperar mucho tiempo -y muchos muertos- para tener algún tipo de reformas. Así, la descentralización de los años ochenta vendría a ser el primer gran cambio sustantivo, una primera cuota abonada en el camino de la democratización, mediante la cual se intentó reformar por la base aquello que se resistía ferozmente a dejarse modificar en la cúpula. En este marco, la elección popular de alcaldes dio cabida a sectores sociales y políticos no representados por el bipartidismo, constituyéndose en un importante cambio de reglas que abrió una ventana de democratización, al menos del poder local.

La Constitución de 1991, de cuya expedición conmemoramos un año más la semana anterior, constituye otro momento estelar en la construcción colectiva de la democracia y en la apertura del sistema político. Con ella se viabilizó el ingreso a la política de actores desmovilizados (el M-19, el Quintín Lame, el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Popular de Liberación), así como la posibilidad de que sectores que habían sido completamente ajenos al poder e in-visibilizados dentro de la nación, como los indígenas, la población afro descendiente o las minorías religiosas, empezaran a tener juego a nivel político. No solo son de rescatar las reformas adoptadas que buscaron contribuir a la democratización, sino el proceso y el carácter del acuerdo político efectuado, basado en la participación de sectores y fuerzas políticas más allá del bipartidismo tradicional, que intentaron buscar consenso, rompiendo la historia de pactos entre élites o de imposición de normas constitucionales por parte de los vencedores de determinadas batallas.

La posibilidad de apertura democrática hoy

Pese a los avances señalados, el balance en términos de democratización después de la Constitución de 1991 es aún muy pobre. Entre otras cosas se destacan positivamente un escenario partidista más variopinto, pero con pocas fortalezas en términos de representación y respuesta a las demandas de la población, y la apertura a escenarios de participación ciudadana que han reclamado derechos y han confrontado los vicios del sistema representativo. Sin embargo, el sistema político ha acumulado problemas de fondo, siendo quizás el principal los vínculos probados entre la ilegalidad y la clase política a todos los niveles, así como la cooptación del Estado por estos sectores, lo que claramente impide la institucionalización de un modelo realmente democrático.

Peor aún, la lista de temas también muy graves, podría ser interminable: evidencias de fraudes electorales, falta de garantías a la oposición, autoridades electorales que reflejan las mayorías política y que no son prenda de imparcialidad, problemas de violaciones de derechos humanos, desequilibrio de poderes ocasionado, entre otros, por el cambió del “articulito” que permitió la reelección presidencial, corrupción a todos los niveles, incluyendo el sistema judicial, tendencias a un nuevo cierre del sistema político… En fin, un panorama donde, a diferencia del espíritu constitucional que poco a poco ha venido siendo desmontado en el Congreso, parece primar el interés individual sobre el interés en lo público y lo colectivo.

En este contexto, surge una reflexión en torno al alcance de las reformas que pueden salir de La Habana y su papel en el proceso de democratización del país, una vez abordados los problemas jurídicos y de reconciliación que implican en la actualidad la desmovilización, y garantizado la total dejación de las armas. Las perspectivas al respecto parecen estar moviéndose en los siguientes dos extremos:

· Reforma limitadas a contemplar mecanismos para la reincorporación a la vida política del actor armado una vez se dé su desmovilización, proveyendo, obviamente, garantías para efectuar este ejercicio. Este parece ser el alcance que se le dio en el acuerdo inicialmente firmado por las FARC y el gobierno, el cual estuvo en principio acotado a una serie de temas concretos de los cuales no quiere salirse hoy el gobierno[iii].

· A raíz de los planteamiento de las FARC, de las propuestas derivadas de las mesas regionales y del foro nacional propiciados por el PNUD y la Universidad Nacional sobre el tema y de los acuerdos alcanzados en el primer punto discutido en La Habana, se ha abierto la posibilidad de examinar las reformas de fondo que el país requiere para los problemas más agobiantes, como el clientelismo, la corrupción o la relación de las mafias con la política, todos directamente vinculados con la participación política. La lógica de esta argumentación es que con las negociaciones se abre una ventana de oportunidad que podría eventualmente contribuir a tramitar una agenda de país en la perspectiva de profundizar la democracia.

El debate al respecto está sobre la mesa. Paradójicamente, actores opuestos en el espectro político como las FARC o el Uribismo han mencionado el mecanismo de una asamblea nacional constituyente, si bien, en éste último caso también se ha expresado recelo ante el hecho de que sea la guerrilla quien planteé y condicione el tema. Otros han manifestado reales temores frente a la eventual amenaza a la Constitución de 1991 en un escenario donde la derecha, aún con muchas simpatías en la opinión pública, obtenga la mayoría de constituyentes.

El tema fue objeto de debate en el evento “La Constituyente de 1991 y el proceso de paz 2013” convocado por diversas organizaciones de la sociedad civil el 4 de julio, en la conmemoración de un nuevo aniversario de la Carta. Aunque hay argumentos de peso en contra de este mecanismo de refrendación, es un debate al que debemos enfrentarnos sectores democráticos y progresistas del país. A manera de referentes para esta deliberación se puede señalar que además de avanzar en el propósito de conseguir una paz estable y duradera, un nuevo ejercicio de este tipo podría ser otra cuota, en la difícil lucha por construir la democracia en el país. Adicionalmente, podría ser un mecanismo de carácter extraordinario –como lo fue la Constitución del 1991- para impulsar reformas que el Congreso y la clase política hoy en el poder han probado no estar dispuestos a impulsar.

Se requería eso sí, definir garantías para preservar los logros constitucionales -los cuales deberían ser de entrada intocables-, acotar claramente el temario, delimitar el número de curules para los actores desmovilizados y la forma como participe en la elección de dignatarios el resto del país, incluyendo minorías hoy en riesgo de desaparición política.

Más aún, se requeriría sobre todo que el proceso sea (como sucedió con la movilización que llevó a la Constitución de 1991), retomado por la ciudadanía colombiana, con una alta participación de esa población de “indignados” que de una u otra forma, en torno a temas diversos y sin mucha articulación, hemos venido manifestándonos sin que esa protesta social y ciudadana se revierta en una salida política. De esta forma las redes sociales que en el pasado han defendido la Constitución de ataques como la segunda reelección o la hundida reforma a la justicia, y organizaciones y movimientos sociales que han manifestado su inconformidad con el estado actual del país, tendrían un rol central en los procesos y las definiciones que puedan generarse en la búsqueda de la paz.

Clara Rocío Rodríguez Pico

Coordinadora de Institucionalidad política democrática – Foro Nacional por Colombia

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 358

Semana del 5 al 11de julio de 2013

Corporación Viva la Ciudadanía

http://www.viva.org.co

semanariovirtual@viva.org.co

[i] Recuentos de estas experiencias pueden encontrarse en el documento “Participación política y proceso de paz”, de La Fundación Ideas para la Paz y la Organización Internacional para las Migraciones (Boletín de paz No. 31, Negociaciones de Paz, junio 2013), así como en las memorias del Foro de participación política organizado por el PNUD y la Universidad Nacional el 28, 29 y 30 de abril.

[ii] Esta idea fue planteada por Rustow, quien señaló que se trata de modelos en los que “cada etapa sienta las bases de una competencia cada vez más abarcadora y tolerante”.

[iii] Textualmente, el punto dos del acuerdo incluye: “a.- Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación; b.- Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa en los diferentes niveles y diversos temas; c.- Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”. Es de señalar que la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, aunque no está planteada en el Acuerdo sí puede derivarse de los mecanismos de implementación planteados en el punto 6 del mismo.

https://www.alainet.org/es/articulo/77450