Establecer “una política de prevención y protección para periodistas”, mediante la cooperación internacional con países que han logrado contrarrestar la violencia dirigida hacia los profesionales de la información, es una muy buena noticia para un gremio lastimado como ninguno en México. En ella está trabajando Artículo 19 con el documento Propuesta de trabajo para la instalación del Comité de Protección de Periodistas.

En materia de libertad de expresión existe una nueva vertiente que puede ayudar a disminuir los altos índices de agresiones a periodistas, se trata de la prevención de las mismas, mediante la protección a los comunicadores que se sientan amenazados a causa de su actividad periodística.

Dos casos, recientes, ilustran esta propuesta. Primero el caso de la reportera Anabel Hernández de Reporte Ìndigo, quien el 27 de marzo publicó información relacionada con la construcción de una residencia presuntamente propiedad del titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna.

De acuerdo a un comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) la periodista solicitó la intervención de dicho organismo luego de que el funcionario “en entrevistas concedidas en algunos noticiarios refieren que los escritos periodísticos de la quejosa forman parte de una campaña orquestada por el crimen organizado, así como su pretensión de demandarla por ataques a su vida privada y por poner en riesgo la vida de sus familiares.”

El otro caso se refiere a Carlos Martínez García, periodista de La Jornada, luego de citar como fuente de sus trabajos periodísticos relacionados con el caso de los niños y niñas desparecidos del albergue Casitas del Sur el blog http://losperfectos.jimdo.com
(,) que recoge información de dicho caso.

Carlos Martínez narró que el pasado 30 de abril un joven, que usaba tapabocas y lentes, le gritó “si no quitas de la red el sitio que tienes de jimdo te va a ir muy mal.” El comunicador circulaba en su automóvil por avenida Taxqueña en la capital del país.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) logró que a Martínez García se le otorgaran medidas cautelares para su protección el mismo día que el periodista presentó su queja ante este organismo, es decir, el 7 de mayo.

En el caso de Anabel Hernández resulta contradictorio que la SSP sea la encargada de brindarle protección, cuando fue su titular quien anunció que procedería legalmente contra la periodista, además de señalar que se trataba de una campaña del crimen organizado.

Las reglas de la prevención

El artículo 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, señala:

“El Visitador General tendrá la facultad de solicitar en cualquier momento, a las autoridades competentes, que se tomen todas las medidas precautorias o cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas o reclamadas, o la producción de daños de difícil reparación a los afectados, así como solicitar su modificación cuando cambien las situaciones que las justificaron.”

Sin embargo, no existe un ordenamiento jurídico que obligue a las autoridades a proporcionar dicha protección. Ello sin hablar de los recursos, económicos y humanos, destinado a dicho fin.

Forum consultó al especialista en derecho a la información Ernesto Villanueva, sobre la responsabilidad de las autoridades.

¿Existe una contradicción cuando son las autoridades quienes tienen que proteger a los periodistas y en ocasiones aparecen como los principales agresores?

—Por supuesto. La principal obligación de la autoridad es garantizar el derecho a la vida privada, el derecho a la libertad de transito, el derecho al honor, el derecho a la propia imagen, etcétera. Efectivamente, en la medida en que la autoridad no cumple ese cometido, estamos viendo una contradicción ya que ellos reciben un mandato y un recurso público, precisamente, para garantizar no sólo la integridad de los periodistas sino la de todos. El gobierno tiene la obligación completa de garantizar la materialización de nuestros derechos humanos fundamentales.

La abogada Perla Gómez comentó que no existe un mecanismo legal que dé forma al otorgamiento de las medidas cautelares de protección a periodistas, pero que es necesario empezar a ver a la prevención como una forma de salvaguardar la integridad física de los periodistas y para ello hay que actualizar la legislación.

“Es necesario actualizar la legislación ya que la autoridad tiene que actuar conforme a derecho. No puede hacerlo de manera discrecional y no se le puede permitir esa discrecionalidad” y agrega, en el asunto de las medidas cautelares las autoridades evaden el tema “diciendo que no hay el derecho que los obliga o que no hay mecanismos claros y lo que hacen es incumplir por omisión.”

Para el también jurista Ernesto Villanueva suele haber un ejercicio abusivo de las autoridades “extralimitándose en las atribuciones legales que tiene. Esto debe ser denunciado” y agrega que la libertad de expresión no sólo es “un asunto de los periodistas. Son nuestros mensajeros. Si los afectan a ellos, nos afectan a nosotros como sociedad”, concluye Villanueva.

La postura de Fundalex

Para el presidente de la Fundación para la Libertad de Expresión (Fundalex), Armando Prida Huerta, comentó que “dependiendo de la gravedad de las amenazas es como son protegidos los periodistas”. Inclusive recordó, a manera de anécdota, el caso de un periodista protegido por seis agentes federales.

Desde su punto de vista las medidas cautelares otorgadas para salvaguardar la integridad física de los periodistas son “sin duda un beneficio para el país”.

 “Cuando un periodista deja de escribir por amenazas, presuntas amenazas, cierta vigilancia que pueda sentir o cualquier ataque a su función, nos perjudica a todos. Cuando tú dejas de leer la verdad, porque alguien dejo de escribirla, porque tiene temor a ser atacado, en ese momento todos pierden un poco de esa información.”

¿Está de acuerdo que se dicten medidas cautelares para proteger a los periodistas?

—Cualquier medida cautelar no solamente es indispensable sino que tiene que llegar a más, tiene que darse la razón de las medidas cautelares porque no se puede cuidar a todo un ejército de periodistas. Se tienen que cambiar las leyes, tiene que cambiar la educación, se tiene que cambiar el concepto en México de lo que es la libertad de expresión. Políticos, empresarios, todos tenemos que aportar para no tener que tomar esas medidas. Hay que cambiar las leyes para que esas medidas no tengan que tomarse.

    ¿Existen consideraciones éticas para aceptar o no la protección de las autoridades?

—A mí me parece que un periodista no puede andar pensando no ejercer su trabajo porque lo van a lastimar. Si yo, como periodista (él es propietario de los tres diarios Síntesis), no tengo asegurada mi integridad cómo puedo ejercer mi profesión. Por lo tanto, primero garantizó mi integridad, y en consecuencia la de mi familia, y después de eso vemos si debo o no tener una escolta.

La buena noticia es que la organización Artículo 19 ha trabajado en el tema y en un documento titulado Propuesta de trabajo para la instalación del Comité de Protección de Periodistas, pone énfasis en la necesidad de establecer “una política de prevención y protección para periodistas y personas que trabajan en los medios de comunicación”, mediante la cooperación internacional con países que han logrado contrarrestar la violencia dirigida hacia los profesionales de la información.

Ésta y todas las acciones encaminadas a garantizar el pleno ejercicio de la actividad periodística son bienvenidas. Por lo pronto es necesario someter al análisis y discusión la propuesta de Artículo 19.

Forum 189. Junio de 2009. www.forumenlinea.com