Economía con maquillaje

El gobierno Santos ha insistido en presentar un cuadro bastante favorable de la economía nacional apelando a trucos estadísticos y metodologías de medición bastante discutibles pasando por alto las realidades sociales angustiosas que vive la mayoría de la población. Por ejemplo, de un plumazo los técnicos estatales basados en una nueva teoría para medir la pobreza en el país afirmaron que ya no es el 46% de los colombianos los que sufren esa situación sino apenas el 37,2%. Agregan, además, que en la pobreza extrema o miseria ya no se encuentra el 16% de la población sino solo el 12,2%.

Como quien dice en el primer año de gobierno del presidente Santos y gracias al manejo interesado de las estadísticas se ha reducido el número de pobres en más de millón y medio de personas.

Pobres según las nuevas fórmulas del gobierno son aquellos que ganan menos de $187.079 mensuales= 103 dólares y quienes son considerados indigentes o miserables son los que tienen ingresos mensuales menores a $ 83.581= 46 dólares aproximadamente. Al reducir el total de ingresos para calificar a pobres e indigentes las estadísticas oficiales muestran con más cinismo que realidad que los pobres en el país son una minoría cada vez más pequeña.

Razón tiene el vicepresidente Angelino Garzón , antiguo sindicalista, en haber protestado vehementemente contra semejante manipulación que va en contravía de las situaciones cada vez más agobiantes que sufre la mayoría de la población colombiana.

Además complementando este discutido manejo estadístico se observa mes a mes en los datos oficiales una progresiva disminución de la tasa de desempleo que resulta totalmente irreal a la luz de las verdaderas realidades laborales que se viven en campos y ciudades del país. Pero estudios de diferentes entidades afirman que entre el 58% y el 67% de los trabajadores colombianos en la actualidad se encuentran en la llamada economía informal o del “rebusque” en la que no existe ningún tipo de estabilidad y de seguridad social para la persona.

El modelo económico dominante en nuestro país basado en la exportación de materias primas o “commodities” como petróleo, carbón, oro, níquel, café a países como China ha traído una relativa bonanza financiera a un sector reducido y privilegiado de la población conformado por banqueros, importadores, contratistas de obras públicas, inversionistas de finca raíz, proveedores de servicios a las compañías mineras, pero no ha creado empleo estable y bien pagado en el país para un alto número de colombianos. Los conflictos laborales que se están presentando en algunos campamentos petroleros son un buen indicio de que las compañías extranjeras siguen apelando a mecanismos de explotación como el contrato a destajo, los subcontratistas, para eludir sus obligaciones legales con los trabajadores tal como lo practicaron a principios del siglo 20 los primeros inversionistas internacionales que llegaron a Colombia para montar las grandes plantaciones de banano o beneficiarse de los yacimientos de oro.

En la mayoría de las regiones el principal empleador sigue siendo el Estado y esto explica la influencia y poder que siguen teniendo los jefes políticos tradicionales con sus redes clientelistas símbolo de la corrupción en nuestra sociedad. Menos del 25% de los actuales trabajadores están cotizando a la seguridad social para hacerse a una pensión cuando llegue la época de su retiro de la vida laboral . Sin embargo, el gobierno solo reconoce hoy por hoy una tasa de desempleo del 10,2% incluyendo entre los “empleados” a cientos de miles de personas que están trabajando en el “rebusque” sin ninguna garantía social.

La bonanza minera ha servido de pretexto para que se presenten en el país decenas de compañías extranjeras motivadas por la codicia y la seguridad de sacar extraordinarias ganancias a un costo mínimo en materia de pago de impuestos y regalías para el Estado colombiano. En la práctica lo que se viene dando es un saqueo organizado de nuestros recursos naturales no renovables. Aunque estamos llegando a “records”, a cifras envidiables de producción en petróleo con cerca de un millón de barriles diarios, en oro, en carbón, estas riquezas no están beneficiando en absoluto a nuestra sociedad.

De un lado las regalías que pagan los inversionistas extranjeros al gobierno son mínimas. En el caso del petróleo , los máximos porcentajes de pago sobre las utilidades no pasan del 20%. En el carbón ese porcentaje oscila entre el 5% y el 10%; sobre oro y plata solo se paga el 4%.

Esta situación tiene dos agravantes. El primero es que las compañías extranjeras se atrasan en el pago de esas regalías al estado colombiano. Se demoran hasta dos años para pagarlas como es el caso de la explotación de Níquel en Cerro Matoso ( Córdoba).

El segundo es que gracias a las exenciones o perdones tributarios decretados en el anterior gobierno de Alvaro Uribe a favor de los inversionistas extranjeros, estos empresarios se ahorraron el 50% de los pagos que debían hacerle al Estado colombiano. Por ejemplo, en el año 2009, el Estado debía haber recibido 6,5 billones de pesos en regalías= 3.600 millones de dólares, de las empresas mineras y petroleras pero con el pretexto de haber invertido en la traída de maquinarias al país millones de dólares ese mismo Estado les perdonó en calidad de deducción de los impuestos 3,5 billones de pesos= 1940 millones de dólares aproximadamente.

Esta realidad explica el afán de los empresarios extranjeros de hacerse cuanto antes a una porción del suelo colombiano para poderlo explotar a sus anchas. Las compañías canadienses se han convertido en las líderes de la explotación salvaje de nuestros recursos haciendo caso omiso de las leyes que intentan proteger la fauna, la flora, las fuentes de agua , los bosques de las regiones donde realizan su actividad comercial.

El nombramiento de un economista poco enterado de estos temas , Frank Pearl, como ministro del refundado Ministerio de Recursos Naturales y Ecología , es un síntoma de que el gobierno Santos continuará esa política permisiva y cómplice con las compañías internacionales.

La ambición, ha llevado a algunos de estos empresarios a valerse de los servicios de bandas criminales para imponer su poder a las poblaciones locales y deshacerse de líderes cívicos, comunitarios o religiosos que se oponen a su afán depredador, explotador, tal como parece ser el caso del asesinato del sacerdote católico, párroco del municipio de Marmato , caracterizado opositor a la presencia de la compañía canadiense “Medoro” que intenta extraer a cielo abierto el oro de un gran yacimiento de esa zona arrasando con los pequeños mineros artesanales y con el mismo casco o área urbana del municipio.

El caso del petróleo también es muy diciente de la importancia que el país viene tomando para los empresarios de Canadá, tras ponerse en práctica el tratado de libre comercio entre las dos naciones. Cuatro empresas de ese país, Pacific Rubiales, Petrominerales, Tierra Energy y Canacol Energy , están invirtiendo en este año 2011 , no menos de 1.800 millones de dólares en exploraciones y desarrollos de campos petroleros. Parte de esa capital lo están consiguiendo en la bolsa de valores de Colombia donde han enlistado sus acciones, lo que está dando camino a un nuevo tipo de explotación de nuestras riquezas en el que se alían los capitalistas colombianos, con los extranjeros teniendo como carta de presentación o mampara el nombre de la empresa extranjera para asegurarse los máximos descuentos tributarios por parte del Estado y facilitar la adjudicación de nuevos contratos en las mejores condiciones posibles para los inversionistas.

Haciendo maletas

Mientras el modelo económico neoliberal basado en la exportación de materias primas arrasa con los recursos naturales del país , la revaluación del peso, la moneda colombiana, frente al dólar y al euro, completa la tarea de desindustrializar a la nación y acabar con el sector productivo de artículos manufacturados muchos de los cuales se comercializaban en el exterior.

La abundancia del dólar en el país ha conspirado para que buena parte de nuestros industriales de los textiles, de la confección de ropa, de los cueros, de la metalmecánica , pierdan los mercados que habían conquistado en el exterior. Los productos colombianos por su costo no pueden enfrentar la competencia de los que se elaboran en los países asiáticos.

Los grandes empresarios colombianos han optado por vender sus industrias tradicionales a conglomerados o consorcios internacionales y sacar los dineros del país e invertirlos en otras regiones del continente, especialmente en Centroamérica que tiene un tratado de libre comercio vigente con los Estados Unidos. Ahora bien, la mayoría de esas inversiones son también de carácter especulativo y se centran en el área financiera, como es el caso del grupo empresarial más poderoso de la nación, el llamado “GrupoSura” o “Antioqueño”, que compró recientemente un Banco en El Salvador, se hizo al control de los negocios de pensiones y de seguros de la compañía holandesa “ING” en Chile, México, Perú y Uruguay; a través de “Cementos argos” compró varias cementeras en Estados Unidos y quedó en posición dominante en Centroamérica en el sector de alimentos con la adquisición de “Nutresa”.

Por su lado, el grupo “Aval” de Luis Carlos Sarmiento, el banquero más poderoso del país , compró el banco más importante de Centroamérica, el “Credomatic”, negocio que ya le está reportando unas grandes utilidades en millones de dólares.

Y mientras estos, y otros grupos empresariales como “Empresas Públicas de Medellín” o “ISA”, hacen grandes inversiones fuera del país, hay una continua pérdida de empleos relativamente bien pagados en nuestra economía. Algunos de estos inversionistas colombianos, siguiendo las leyes del capital, consideran mejor negocio trasladar sus industrias a Centroamérica aprovechando el bajo costo de la mano de obra en esos países y desde allí surtir el mercado colombiano , que mantener las operaciones tradicionales en nuestra nación. Es la globalización de la economía internacional tal como la entienden los dueños del dinero aquí y en buena parte del planeta.

En estas condiciones Colombia se está viendo reducida en su aparato productivo a lo que era en el siglo 19 y principios del siglo 20, un país marginal, productor de materias primas para los mercados de los países tradicionalmente ricos o que ahora se están incorporando a ese grupo como China .

La concentración de la riqueza que ha hecho de Colombia uno de los diez países más desiguales del mundo no ha podido ser maquillada o disfrazada por el gobierno Santos. El coeficiente Gini que mide estadísticamente esa desigualdad continúa ubicado en el 0,58. En este coeficiente que va de cero a uno, cero es la absoluta igualdad de ingresos en una población y uno es la perfecta desigualdad.

La desigualdad es manifiesta en la propiedad de los diferentes medios de producción. Por ejemplo, más del 65% del capital financiero que circula en el país está concentrado en cuatro grandes grupos empresariales, de los cuales el más importante, “Aval” , está controlado por un solo inversionista que maneja el 30% de ese capital financiero . Menos del 2% de los deudores de la banca colombiana reciben más del 50% del total de los préstamos y el propio Estado Colombiano le debe a esos mismos bancos una cifra enorme que se calcula en no menos de 165 billones de pesos= 91 mil millones de dólares.

Un estudio de la Universidad Nacional nos informa que alrededor de 2.400 grandes hacendados controlan el 53% de la tierra utilizable de Colombia, lo que les da un promedio de más de 18 mil hectáreas por propietario. Mientras tanto cerca de 1,4 millones de pequeños campesinos solo tienen la propiedad de 1,7 millones de hectáreas, estadística que demuestra la profunda desigualdad que existe en nuestras áreas rurales. El propio gobierno reconoce que en estas zonas el 50% de la población está en la pobreza, aunque otros informes elevan ese porcentaje al 65% e incluso al 85% de esa misma población.

Un complemento igualmente significativo de esta realidad es que la mayoría de la tierra propiedad de los grandes hacendados no tiene ningún uso social, son tierras que están perdidas para el aparato productivo del país. Mientras hay cerca de 38 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería extensiva, hay menos de 5 millones orientadas a la agricultura.

El tesorito

El presupuesto del Estado colombiano para el próximo año suma unos 165 billones de pesos= 91.600 millones de dólares y las partidas de gastos más altas están representadas en los gastos militares que exigirán unos 25 billones de pesos= 13.800 millones de dólares;

En el pago de la deuda externa e interna, especialmente la que se tiene con los bancos del país que demandará no menos de 35 billones de pesos = 19.400 millones de dólares ;

En responder por las pensiones de jubilación no solo de los empleados estatales sino de los usuarios del antiguo Instituto de los Seguros Sociales cuyo costo pasa de los 20 billones de pesos=11.100 millones de dólares.

Muchos economistas de tendencia neoliberal ante esta situación y tomando en cuenta la realidad crítica de las finanzas del gobierno están ambientando en los medios de comunicación y en los centros académicos la necesidad ineludible de impulsar una nueva reforma del sistema pensional que eleve la edad de la jubilación para hombres y mujeres a 65 años de edad, aumente las semanas de cotización requeridas para tener derecho a la misma y reduzca sustancialmente el valor de dichas pensiones. El ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, pese a las protestas del vicepresidente Angelino Garzón, ha insistido en la necesidad de esa reforma alegando que solo haciendo esa clase de sacrificios se podrán asegurar los dineros para pagar las jubilaciones de las siguientes generaciones de colombianos.

Lo que no nos cuenta el Ministro es que el Estado Colombiano jamás respondió a las obligaciones económicas que contrajo al fundarse el Instituto de los Seguros Sociales a mediados del siglo pasado y nunca pagó los aportes que tenía que hacer como si lo hicieron patrones y trabajadores a ese instituto. Por el contrario en anteriores gobiernos se apoderó de los fondos de los seguros y los despilfarró agotando las finanzas de la entidad por lo que el gasto actual en pensiones es simplemente el pago de una deuda que el Estado tiene contraída con la población jubilada.

Si se aprueba la nueva reforma pensional se reducirá no solo la carga financiera para el gobierno sino también la de los Fondos privados de pensiones propiedad de los grandes grupos empresariales del país. Habrá mayores utilidades para estos empresarios y se reducirá proporcionalmente el número de pensionados en los próximos años ante las condiciones más rigurosas, más estrictas que se impondrán para lograr la pensión por vejez.

En la práctica este tipo de medidas aumentará la concentración de la riqueza y la desigualdad en el país haciendo cada vez más difíciles las condiciones de vida de los colombianos de la llamada “tercera edad”.

Esta reforma parece que estuviera trabajando “en llave” con el ruinoso estado del sistema de salud en el país. El presidente Santos anunció con gran estruendo publicitario la decisión de su gobierno de unificar los planes obligatorios de salud tanto para las personas inscritas en el régimen contributivo como para aquellas que hacen parte del régimen subsidiado. Según la declaración presidencial ya no habría limitaciones, ni exclusiones para que las empresas privadas que administran el sistema, las llamadas EPS, se negaran a atender cualquier enfermedad o dolencia de los usuarios como hasta ahora venía sucediendo.

Sin embargo, del dicho al hecho hay un largo camino. El ministro de protección social, Mauricio Santamaría, no ha tenido la voluntad política para intervenir como se necesita a las empresas privadas de salud que se han enriquecido haciendo de la salud un jugoso negocio, ni mucho menos para plantear una verdadera reforma de fondo al sistema actual. El sistema está haciendo agua por todas partes con hospitales al borde de la bancarrota por la falta de pago de las empresas privadas que administran el sistema; con algunas de estas mismas empresas en una situación económica muy difícil como resultado de las gestiones corruptas de sus directivos que se enriquecieron desviando los dineros de la salud a todo tipo de negocios incluyendo la construcción de condominios residenciales, hoteles, edificios de oficinas . O también como ha sucedido en varios departamentos del país en los cuales los subsidios aportados por el Estado para pagar el servicio de salud a la población más pobre fueron a dar a los bolsillos de los jefes de algunos grupos políticos y de sus socios dentro de las bandas paramilitares.

A todo esto se suma la corrupción existente entre los mismos funcionarios del ministerio de la protección que en años anteriores con sus manejos turbios contribuyeron a hacer más grande el desangre, las pérdidas de dineros en el sistema de salud. Algunos observadores hablan de pérdidas por más de 9 billones de pesos= unos 5 mil millones de dólares, una cifra enorme para un país que presenta tantas desigualdades sociales y tantas carencias en la mayoría de su población.

Política

El hermano del alma

Cada vez son más significativas las diferencias políticas entre el ex presidente Alvaro Uribe y el presidente actual Juan Manuel Santos. Los amigos más cercanos del expresidente acusan a Santos de traición, de haber abandonado las políticas de extrema derecha, de “mano dura”, que según ellos habían resultado tan exitosas para el país y haberse alineado con las tesis “socialistas” del partido Liberal.

Uribe a través de los medios electrónicos como el twitter y de algunas entrevistas para emisoras de radio y periódicos no cesa de cuestionar, de criticar con dureza algunas de las medidas políticas y de las reformas impulsadas por Santos. Por ejemplo, tanto él como sus amigos han puesto en duda la aplicación de la llamada ley de restitución de tierras a la población desplazada alegando que el Estado no tiene los recursos económicos para asegurar el cumplimiento de esa ley. Se necesitan más de 50 billones de pesos= 27.700 millones de dólares para financiar ese cumplimiento en los próximos diez años y la situación de las finanzas públicas no ofrece ninguna esperanza de que se puede obtener esa muy alta cifra de dinero.

Pero donde las críticas del sector Uribista han sido más contundentes es en el campo de la seguridad pública. Es visible el deterioro del llamado “orden público” en varios departamentos del país como Nariño, Cauca, Norte de Santander, Arauca, Córdoba, en unos como consecuencia de la reactivación de los grupos guerrilleros y en otras por la reaparición o reciclaje de los antiguos grupos paramilitares ahora llamados “bandas criminales”.

Uribe y sus amigos alegan que se ha “bajado la guardia”, que se han abandonado las estrategias de la seguridad democrática. Al mismo tiempo dicen que existe una baja de la moral, un mal estado de ánimo en las Fuerzas militares por el maltrato que según ellos el sistema judicial le está dando a oficiales, suboficiales y soldados procesados por acciones criminales tan notorias como los asesinatos sistemáticos de civiles que los medios de comunicación dieron en llamar “falsos positivos” o en el caso de las desapariciones registradas en el asalto del palacio de justicia en 1985.

Con gran cinismo estos mismos dirigentes de la extrema derecha están reclamando un fortalecimiento de la llamada Justicia Penal militar para que sea dentro de este sistema formado por funcionarios integrantes de las mismas Fuerzas Armadas en el que se juzgue a los oficiales, suboficiales y soldados acusados de cualquier tipo de delito. Quienes proponen este cambio son conscientes que en épocas anteriores el sistema penal militar aseguraba a los implicados la total impunidad por los crímenes y desafueros que hubieran podido cometer.

La víctima de todas estas presiones y ataques de los Uribistas fue curiosamente el ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera. Rivera en los últimos años se había acercado políticamente al ex presidente y fue uno de los defensores más aguerridos de la política de la seguridad democrática. Sin embargo, en su tarea como ministro no logró reflejar la imagen de líder decidido, audaz, propositivo que se esperaba de él y las críticas contra su gestión se multiplicaron no solo en los sectores uribistas, sino en sectores cercanos al propio presidente Santos.

A esta situación se sumaban otros hechos como la inconformidad de los altos oficiales del ejército por la forma como había sido organizada la cúpula o comando militar conjunto liderado por un almirante.

Santos, entendiendo que se necesitaba un viraje no solo político, sino de tácticas y estrategias para enfrentar la reactivación de guerrilleros y paramilitares decidió nombrar como ministro a un hombre de toda su confianza, Juan Carlos Pinzón, que había sido su viceministro cuando él ocupó el ministerio de Defensa en el gobierno de Uribe y que se desempeñaba como secretario general de la presidencia.

Al mismo tiempo se reestructuró la cúpula militar devolviéndole al ejército el liderazgo de la misma y se promovieron para hacer parte del alto mando una serie de generales no solo experimentados en el manejo de las tropas en las áreas de combate, sino expertos en logística y reunión de datos de inteligencia. Estos cambios por sí solos no garantizan un mejor desempeño de las fuerzas militares frente a los grupos armados irregulares, sino van acompañados del cambio de tácticas que están exigiendo las nuevas realidades de la guerra. Los grupos guerrilleros, por ejemplo, abandonaron definitivamente las grandes concentraciones de combatientes y han optado por desplazarse en grupos más pequeños, que permiten mayor agilidad y explotar el factor sorpresa contra el enemigo, mimetizarse o disfrazarse dentro de la población civil, realizar atentados y emboscadas sin mayores riesgos para sus integrantes.

Además han encontrado en la minería del oro una nueva alternativa de financiación, más práctica, más flexible, menos exigente en su logística que el negocio del narcotráfico.

El repitente

El jefe del partido Liberal, Rafael Pardo, lanzó sin que el presidente Santos hubiera completado la mitad de su gobierno su candidatura a la reelección en nombre de la coalición que lo acompaña en el poder, la Unidad Nacional. Pero varios de los partidos socios de la misma no demostraron mayor entusiasmo por la propuesta e incluso el líder del partido Verde, Luis Eduardo Garzón, la calificó como totalmente inoportuna.

Tal vez el prematuro lanzamiento hecho por Pardo refleja la ambición del Liberalismo de “apoderarse” de la figura presidencial aprovechando la virtual división que existe en el partido mayoritario, el de la U, entre Santistas y Uribistas. Además Pardo también parece haber tenido en cuenta para lanzar la propiesta las luchas internas que han estallado en Cambio Radical partido que lidera el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras y el debilitamiento de los Verdes tras el retiro de ese partido del ex candidato Antanas Mockus y de sus seguidores.

A esta suma de factores habría que sumarle el enfrentamiento que ha surgido entre el vicepresidente Angelino Garzón, antiguo líder izquierdista y varios de los ministros del gabinete caracterizados por ser técnicos o “tecnócratas” firmes defensores de la ideología neoliberal. Garzón ha cuestionado varias de sus propuestas, lo que llevó al presidente a solicitarle que no expresara esas críticas en público y a insinuarle su retiro en caso de no estar conforme con la orientación del equipo de gobierno. El populismo de Garzón que meses atrás parecía hacer parte del hábil juego político de Santos ahora no parece encajar en el carácter que el presidente quiere darle a su administración.

Mientras tanto se avecinan las elecciones locales y regionales. Estas elecciones tal como se preveía, han resultado influenciadas por el clientelismo, los dineros del narcotráfico, de los contratistas de obras públicas y el poder de intimidación de los grupos armados irregulares.

Pese a que han sido denunciados y sancionados decenas de aspirantes a ser elegidos alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, a que algunos partidos les han negado sus avales y vocerías, muchos de estos han logrado encontrar una alternativa para sus ambiciones presentándose como candidatos de movimientos independientes que se inscriben con el apoyo certificado por la Registraduría Nacional de miles de ciudadanos.

Es muy posible que un buen número de estos candidatos “independientes” triunfe lo que podría llamar a apreciaciones equivocadas al hacer aparecer ese fenómeno como la victoria de la opinión ciudadana libre, no amarrada a clientelas, cuando significa todo lo contrario.

En Bogotá la carrera para la alcaldía ofrece una docena de candidatos entre ellos los ex alcaldes Peñalosa y Castro; los jóvenes políticos Gina Parodi, David Luna y Carlos Galán y el ex candidato del Polo, que se presenta por una coalición nueva de centro-izquierda, Gustavo Petro.

Las encuestas señalan que la alcaldía de la ciudad se jugará entre el candidato de centro derecha del partido Verde y del partido de Santos y de Uribe, la U, Enrique Peñalosa y el de la centro izquierda, Petro. Pero una publicitada alianza de Antanas Mockus, quien renunció a su candidatura a pocos días de las elecciones para promover la de Gina Parodi , puede convertirse en la tercería que arrase con los pronósticos iniciales.

El Polo, el partido de izquierda que detentó el poder en Bogotá en los últimos ocho años, ha quedado seriamente debilitado tras la debacle, la catástrofe política, que ha significado el escándalo de corrupción protagonizado por el alcalde Samuel Moreno, su hermano , el senador Iván y una serie de funcionarios públicos y contratistas de obras. El alcalde fue destituido de su cargo y ha sido detenido acusado por la Fiscalía de haber facilitado la pérdida de miles de millones de pesos a la ciudad con la entrega de contratos orientados a enriquecer a un grupo privilegiado de empresarios, algunos de los cuales también tuvieron tratos de favor en el gobierno de Uribe.

En la gobernación de Antioquia se da como muy posible el triunfo del candidato del partido Verde, Sergio Fajardo, mientras para la alcaldía de Medellín, la segunda ciudad del país, las encuestas pronostican una elección muy reñida entre dos hombres del establecimiento, de la élite paisa, el liberal Aníbal Gaviria y el ahora “independiente” Luis Perez.

En general los candidatos a alcaldías y gobernaciones que han figurado con mayor favorabilidad en los sondeos de opinión en todo el país representan o lideran coaliciones en las que participan todo tipo de movimientos y grupos políticos, situación que va a dificultar en sumo grado que este o aquel partido pueda afirmar que ha ganado las elecciones a nivel nacional con sus propios candidatos.

Con ciertas excepciones el verdadero triunfador de este certamen electoral será el clientelismo político en todas sus variantes, clientelismo fortalecido por la corrupción y la impunidad que dominan la vida social de la mayoría de los departamentos de la nación.

La señora corrupción

El sistema judicial y en general los órganos de control como Procuraduría y Contraloría no parecen dar abasto para emprender las investigaciones y sancionar debidamente a los centenares de funcionarios públicos y de empresarios privados comprometidos en los muchos casos de corrupción y abuso de las funciones estatales que se denuncian diariamente. Algunos de los casos denunciados en los medios de comunicación tras unos días de relativa notoriedad terminan desapareciendo de la memoria pública facilitando la más absoluta impunidad para los autores de esos abusos.

El mismo presidente Santos ha usado, pero otros preferirían decir ha manipulado, el espacio que le dan la radio, la televisión y los periódicos , para denunciar escándalos de corrupción en diferentes instituciones del gobierno, muchas veces sobredimensionando la cuantía en dinero y la calidad de los implicados . Esto sucedió por ejemplo en la denuncia que hizo del cobro de dineros por falsas exportaciones a la Dirección de Impuestos Nacionales. En la práctica han sido detenidos unos funcionarios y ex funcionarios de menor importancia mientras los verdaderos “peces gordos” en este escándalo, los jefes y directores de la entidad, permanecen ajenos al problema.

La manipulación le ha servido al presidente para ganar puntos en las encuestas de opinión como defensor de los dineros públicos y campeón de la moralidad administrativa, haciendo olvidar habilidosamente que él hizo parte principalísima del gobierno de Uribe y compartió decisiones y políticas con varios de los funcionarios que aparecen hoy comprometidos en muchos de esos escándalos.

Uribe, entre tanto, ha debido enfrentar el desgaste que significa ver como gente de su confianza, que desempeñó altos cargos en su administración , es detenida, procesada y sancionada por diferentes delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones públicas. Son personas a las que más con altanería que con sensatez ha defendido como “honestas” y de “buena familia”, como si el pertenecer a la elite que ha manejado la política y la economía del país en todos estos años fuera suficiente condición para asegurar la honorabilidad de un individuo. El caso más diciente es el del ex director de la policía de seguridad, del “Das”, Jorge Noguera, a quien la Corte Suprema de Justicia le impuso una pena de 25 años de prisión por haberlo encontrado culpable de haber puesto esa institución al servicio de los grupos paramilitares y de sus operativos criminales, entre ellos el asesinato del intelectual y defensor de los derechos humanos, Alfredo Correa de Andreis.

Otro de sus protegidos y quien en un momento se perfiló como su posible sucesor, el ex ministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, se encuentra detenido acusado de ser el autor intelectual de una desviación de subsidios originalmente propuestos para apoyar a pequeños y medianos campesinos y que finalmente terminaron en las manos de grandes hacendados y de sus familias muchos de los cuales eran sus aliados políticos.

La corrupción tomó vuelo en el país como resultado de la política Uribista de imponer en el gobierno de la nación la estrategia del “todo vale” para conseguir los objetivos que el presidente de esa época se fijaba. A cambio de modificar la constitución y lograr la ambicionada reelección, Uribe le entregó, le ferió a los políticos de su coalición las diferentes entidades del Estado sin preocuparse de cómo se manejaban los bienes y los dineros de esas instituciones. Lo importante para Uribe y su círculo más íntimo de asesores era, de un lado, lograr el apoyo del Congreso para perpetuarse en el poder y del otro, asegurar la gobernabilidad, el apoyo irrestricto de la clase política y empresarial para su estrategia de guerra, la llamada “seguridad Democrática”.

En ese intercambio clientelista el ex presidente no dudó en entregarle sin mayores requisitos a los inversionistas internacionales nuestros recursos naturales e incluso les aseguró exenciones de impuestos y múltiples gabelas para ganarse su apoyo y el de los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y Europa para su gestión y sus proyectos caudillistas.

Santos fue cómplice de todos estos manejos pero ahora con gran habilidad se desmarca de cualquier responsabilidad en esos escándalos y “sin querer queriendo” con sus denuncias va menguando, haciendo disminuir el prestigio y credibilidad del ex mandatario Uribe convertido ahora en crítico de su gobierno.

La corrupción en el país tiene otras caras, entre ellas la que representa a los políticos de las regiones , a altos funcionarios de los municipios y de los departamentos y a contratistas de obras aliados con los grupos paramilitares en unos casos o con los guerrilleros en otros en el común propósito de saquear los dineros públicos. Esas alianzas no se han desmontado como han querido hacerlo ver algunos allegados al presente gobierno, continúan funcionando con sus alzas y sus bajas , y determinarán en varios departamentos la elección de las nuevas autoridades de esas zonas.

Sin embargo, a pesar del diluvio de denuncias, pareciera que buena parte de la población se hubiera insensibilizado o poco le interesara el tema. Esta apatía es fruto, quizás, de la profunda anomia, de la profunda desconfianza en las instituciones y normas sociales, que ha tomado fuerza en grandes sectores de la población golpeados por la violencia, el desplazamiento forzado, el poder de las bandas criminales y por la incapacidad del Estado para brindarles una adecuada red de servicios y de protección social.

Movimiento popular
Negocios son negocios

El gobierno de los Estados Unidos recientemente certificó como positivo el manejo de los derechos humanos en Colombia por parte del gobierno Santos y autorizó la entrega de unos 23 millones de dólares en calidad de ayuda a las fuerzas militares de nuestro país, dinero cuya entrega dependía de esa certificación.

Esta certificación ha merecido el rechazo de destacados defensores de los derechos humanos en la nación, entre ellos el del sacerdote Jesuíta Javier Giraldo, quien le ha enviado una carta de protesta al propio presidente Obama, denunciándole en ella la verdadera situación de esos derechos en la Colombia actual.

No son para menos las protestas si se toman en cuenta las siguientes situaciones:

En lo corrido del año se han asesinado 29 líderes sindicales, la mayoría pertenecientes al sector de los maestros que trabajan con el propio Estado.

Departamentos tan importantes política y económicamente como Antioquia y Valle siguen registrando tasas de más de 70 asesinatos por cada 100 mil habitantes, que superan las que actualmente tienen países donde la criminalidad se ha desbordado como Guatemala, El Salvador u Honduras. En ciudades como Medellín esa tasa pasa de 86 homicidios por cada 100 mil habitantes superada en América Latina tan solo por tres ciudades, Ciudad Juárez en México, San Pedro Sula en Honduras y Caracas en Venezuela.

Las “Bacrim” , el nuevo nombre que los funcionarios del gobierno le han dado a los grupos paramilitares reciclados que operan en la actualidad hacen presencia en unos 25 de los 32 departamentos del país bajo diferentes nombres o denominaciones: Los Rastrojos, los Machos, los Paisas, los Urabeños, Las águilas negras, Erpac, Renacer. Por lo menos cuentan con unos 5 mil integrantes que en muchas regiones siguen actuando en complicidad con algunos políticos, empresarios y autoridades locales para sacar partido de los dineros públicos , del microtráfico de drogas, el control de los juegos de azar, la minería ilegal, la venta de gasolina robada a los oleoductos y las extorsiones a todo tipo de pequeños y medianos comerciantes.

Las barriadas de ciudades como Medellín están tomadas por los “combos” o bandas de jóvenes que trabajan al servicio de los jefes de estas bandas. Ellos imponen la ley de vida y de muerte sobre la población civil que vive en estado de permanente zozobra.

Departamentos como Córdoba están virtualmente tomados por las “bacrim”, quienes aprovechando el poder que han adquirido han multiplicado el terror en varios municipios de esa región no solo asesinando y masacrando a miembros o cómplices de bandas rivales, sino asesinando también a defensores de los derechos humanos, a líderes campesinos de la restitución de tierras a la población desplazada, a educadores, a sindicalistas, colaborando de esta manera brutal con los intereses de algunos hacendados y empresarios que se benefician de sus acciones criminales.

En departamentos del sur del país y , en general, a lo largo de la Costa Pacífica y de la región de Urabá, la existencia de cultivos de coca y de marihuana, de laboratorios para el procesamiento de la cocaína, de rutas para embarcar esta mercancía a México y Centroamérica ha facilitado las alianzas de negocios entre todo tipo de grupos armados. Las guerrillas participan de estas redes, como participan también de las utilidades que el alto precio del oro en los mercados internaciones está dejándole a la llamada minería ilegal. Los asesinatos y masacres de población civil se han multiplicado en estas regiones en estos últimos meses.

Tras toda esta telaraña de intereses las fuerzas militares juegan un papel ambiguo; en algunas zonas hacen parte de las alianzas criminales de negocios, en otras combaten a ciertos grupos ilegales que se encuentran en esos territorios, pero lo que es cierto es que siguen presentándose los asesinatos de dirigentes de organizaciones sociales, de miembros de las comunidades indígenas y afroamericanas, asesinatos que en los medios de comunicación suelen anunciarse como producto de “ajustes de cuentas” malinterpretando y deformando la verdadera intencionalidad política de los mismos.

Muchos de estos crímenes están motivados por la codicia de los grandes hacendados que arrebataron tierras a los indígenas y a la población afroamericana en el gobierno del ex presidente Uribe para establecer cultivos de palma de aceite en departamentos como Chocó y Antioquia y que ahora se resisten a permitir que la ley de restitución de esas tierras a la población desplazada se aplique en beneficio de sus auténticos propietarios.

Según el propio ministro de Agricultura, ese despojo de tierras en estos años llegó a casi 6 millones de hectáreas, de las cuales unos 4 millones pertenecían a familias campesinas y el resto eran baldíos o tierras propiedad del Estado. Para legitimar estos robos en años anteriores los delincuentes contaron con la colaboración de decenas de notarios, de funcionarios del propio ministerio, de alcaldes municipales y de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares y de policía, muchos de los cuales siguen en sus puestos o incluso han ascendido de cargo sin que la Justicia investigue y sancione sus actos criminales.

Los inversionistas extranjeros que han llegado al país atraídos por las inmensas facilidades que les brinda el Estado colombiano para enriquecerse saqueando nuestros recursos naturales han entrado a aplicar con sus empleados en los campamentos petroleros o mineros las mismas políticas de hambre y de sobre explotación que aplicaron los primeros empresarios internacionales que llegaron a la nación a principios del siglo 20. En esa época las empresas se llamaban “United Fruit Company” o “Tropical Oil Company”, explotaban el banano y el petróleo y venían principalmente de los Estados Unidos. Las huelgas de los obreros de ese entonces fueron reprimidas a sangre y fuego por los militares al servicio del Estado.

Hoy las compañías responden a nombres como “Pacific Rubiales”, “”Medoro”, “Gran Colombia”, “Canacol”, “Drummond” o “ Canacol”. La mayoría proceden del Canadá y están aplicando métodos de explotación laboral bárbaros en pleno siglo 21. Esos métodos incluyen que la mayoría de trabajadores sean subcontratados o contratados a destajo para eludir el pago de las prestaciones sociales de ley a esos obreros; el imponer jornadas de 14 y más horas diarias y ofrecerles pésimas condiciones de alimentación y alojamiento a los trabajadores.

Por ejemplo, en el nordeste de Antioquia, la compañía canadiense “Gran colombia” asociada a la “Medoro” despidió de un tajo a más de 600 obreros de las minas de oro de la región con el pretexto de reducir costos y garantizar la máxima utilidad posible para sus propietarios olvidándose de que la paz social, la paz laboral es la condición necesaria para que esas inversiones sean realmente rentables no solo para los accionistas, sino para las poblaciones locales.

Resulta lógico que este tipo de situaciones hayan llevado a los trabajadores de las petroleras en el departamento del Meta, en el oriente del país, a lanzarse a protestas y paros contra los empresarios, protestas que inicialmente trataron de ser acalladas por las fuerzas de seguridad del Estado con el uso indiscriminado de la violencia. Al agravarse los enfrentamientos el propio vicepresidente de la república, Angelino Garzón, ha debido intervenir no solo para mediar ante las partes, sino para recordarle a los empresarios las obligaciones laborales que tienen con los trabajadores y la violación que vienen haciendo de sus derechos humanos.

Las movilizaciones populares que se han registrado en este período, que incluyen el paro nacional de los empleados públicos, marchas indígenas de protesta, paros cívicos en algunos municipios que exigen la prestación de los servicios públicos básicos al Estado, las concentraciones de mineros artesanales y de campesinos “cocaleros” que exigen del gobierno respuestas reales a sus necesidades demuestran que debajo del hábil maquillaje político usado por el presidente Santos existen unas profundas situaciones de injusticia y desigualdad social en el país.

Fuente: revista ENCUENTRO, edición Nª 132. www.myshkin.org