La bancada del Polo Democrático Alternativo fue protagonista el pasado miércoles 18 de octubre, en el debate de control político que promovió desde el Congreso de la República para que el gobierno colombiano respondiera por las debilidades y contradicciones de la política gubernamental frente al proceso de negociación con los paramilitares. En esta historia del proceso de negociación con los paramilitares donde los hechos no se relatan, sino que se representan como en una obra teatral, el Polo Democrático demostró que lo que el gobierno asegura en torno a esta negociación es falso porque los paramilitares siguen asesinando, conformando estructuras armadas y políticas, y traficando con droga.

Desde que el despliegue escénico del proceso tuvo como primer acto la firma del Acuerdo entre el gobierno y los paramilitares en Santa Fe de Ralito, el 15 de julio de 2003 hasta el más reciente acto que se dio con el decomiso del computador del jefe paramilitar alias Jorge 40, que revela los lazos de los paramilitares y la política de la Costa Atlántica, son muchos los interrogantes que surgen: ¿Este proceso es un camino hacia la paz o más bien es un campo minado que conduce a la profundización del fenómeno paramilitar? ¿Cuáles son los acuerdos pactados entre el gobierno con los jefes paramilitares? ¿Por qué el gobierno sigue negociando con los paramilitares si han incumplido el cese de hostilidades? ¿Cuál es la política del gobierno en relación con las víctimas? Estas inquietudes e incertidumbres, también fueron planteadas por el Polo Democrático en el debate, pero, el gobierno, nuevamente echó mano de sus recursos escénicos e interpretativos para defender la negociación con los paramilitares con argumentos y cifras que parecen sacados del país de las maravillas.

Argumentos de los citantes al debate

Gustavo Petro, vocero del Polo Democrático argumentó con documentos, cifras y grabaciones, utilizando como fuentes de información la Fiscalía, la Procuraduría y la Comisión Colombiana de Juristas, los siguientes hechos:

1. Los nexos existentes entre la clase política del departamento del Magdalena y los paramilitares al presentar una grabación entre el representante Jorge Luís Caballero y el concejal de Zona Bananera, Félix Sarmiento. Ellos hablaban que para la alcaldía del municipio se lanzaba otra aspirante y que era urgente localizar al peluquero para ponerlo al tanto de la situación. Entre tanto, Petro explicó que ellos se referían a alias “Carlos Tijeras”, hijo de alias Jorge 40 y jefe paramilitar de la Zona Bananera y que lo que estaba en juego era que la nueva aspirante obstaculizaría las pretensiones de elegir a Fulgencio Olarte, candidato respaldado por alias Carlos Tijeras. Por otra parte precisó que tanto Olarte como Sarmiento habían sido capturados, entre seis personas más, por paramilitarismo en agosto de 2005.

2. El incumplimiento del cese de hostilidades por parte de los paramilitares al señalar que entre diciembre de 2002 y diciembre de 2005 los paramilitares asesinaron a 3004 ciudadanos con base en los informes de la Comisión Colombiana de Juristas. Por otra parte, señaló que el computador de alias Jorge 40 también hay pruebas de que el Bloque Norte siguió asesinando porque aparece una relación de 558 casos descritos con modo, tiempo y lugar.

3. El fracaso del proceso de desmovilización al afirmar que inicialmente los paramilitares eran 15.000, según documento del abogado Gustavo Salazar Pineda, pero finalmente aparecieron 41.000. Lo que podría significar que el paramilitarismo se aumentó durante el proceso o las desmovilizaciones son una farsa. Agregó, además, que no todos los que se desmovilizaron eran paramilitares porque según el análisis que ha hecho la Fiscalía sobre el contenido del computador de alias Jorge 40, éste ordenaba, a los cabecillas del bloque Norte, reclutar campesinos desempleados para que se hicieran pasar por desmovilizados y para que el día de la desmovilización supieran marchar, cantar el himno y responder a las preguntas que realizara la Fiscalía. Todo a cambio de una bonificación que en principio corre por cuenta del jefe paramilitar y luego por el Programa de Reinserción del gobierno nacional a través del presupuesto nacional.

4. Se continuó con el negocio del narcotráfico al señalar que la Fiscalía pudo apreciar que existen documentos y audios en el Computador de alias Jorge 40 que comprometen a alias don Antonio con el tráfico de drogas y el lavado de activos. El 7 y el 9 de Enero de 2006 alias don Antonio envío alcaloides a Europa por rutas ilegales.

5. Construcción de una nueva estructura paramilitar al indicar que ésta surge de las viejas estructuras y que es mucho más fuerte, más poderosa, más salvaje y con menos posibilidades de negociación en Colombia. El Senador se refirió a algunos nombres como por ejemplo que el Jefe de todos es Miguel Villarreal, alias Salomón; que en Córdoba el jefe ya no es Mancuso sino alias el pollo Lizcano; que en Sucre el jefe es alias el Cabo guerrero y no alias Diego Vecino; y en Magdalena el nuevo jefe es alias La araña.

6. La inoperancia de los organismos de control y de justicia al afirmar por ejemplo que la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el Senador Álvaro García por haber obrado en connivencia con los grupos paramilitares , al conocer previamente que los paramilitares actuarían en Macayepo, Sucre y permitir de manera pasiva que irrumpieran en esa región. La Procuraduría, en otro acto, decidió ordenar la terminación de la investigación contra el Senador García.

Entre tanto, el Senador Gustavo Petro concluyó que el proceso con los paramilitares se puede salvar en esta última etapa, siempre y cuando la justicia investigue y actué con eficacia para que se conozca la verdad del paramilitarismo en Colombia y se repare a las víctimas. En pocas palabras, la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tienen el reto de salvar este proceso de negociación, bajando el telón de la impunidad.


Por otra parte, Luís Carlos Avellaneda, Senador del Polo Democrático dijo que el punto central del debate era decirle al Gobierno que fracasó en su política de paz. Y el Senador Parmenio Cuellar, compañero de bancada, añadió que el eje central de un proceso es la verdad y la reparación a las víctimas, y que el gobierno es quien tiene que confesar y renunciar al paramilitarismo, aceptando la responsabilidad histórica que le compete y las fallas de la política de paz con los paramilitares. Por último planteó el siguiente interrogante ¿Cuáles fueron los compromisos que adquirió el gobierno colombiano con los paramilitares?

Puesta en escena de los congresistas mencionados en las pruebas presentadas por el Senador Petro

Las dos menciones provocaron declaraciones encendidas de los congresistas, las cuales fueron más emotivas que argumentativas. El representante Jorge Luís Caballero y el senador Álvaro García actuaron como perfectos conocedores de las artes escénicas, combinando su discurso con gestos exagerados, gritos y espectáculo para desmentir y desdibujar los hechos señalados por el senador Gustavo Petro.

Por un lado, el representante Caballero le dijo al Senador Petro ex guerrillero con las manos manchadas de sangre y luego lo acusó de decir "verdades a medias". Por otro parte, el senador García manifestó que las constantes acusaciones en su contra son una estrategia electoral del Senador Petro para ganar votos en Sucre.

El gobierno responde por su compañía actoral

El gobierno como siempre se mantuvo dentro de unos moldes más o menos precisos en cuanto al tipo de vocabulario, expresiones y diálogos requeridos para defender los actores de un proceso de negociación que cada día pierde más credibilidad frente al público nacional e internacional.

El ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, defendió el proceso y rechazó la posibilidad de una alianza entre el gobierno con los grupos paramilitares. Holguín cuestionó la cifra de los 3.004 asesinatos perpetrados por los paramilitares que mencionó el Senador Petro. "¿De dónde salió esa cifra?, preguntó, al tiempo que cuestionó también la tendencia política de la Comisión Colombiana de Juristas. El Ministro manifestó, además, que el número de desmovilizados sí corresponde a la verdad y negó la posibilidad de que existan falsos desmovilizados.

Entre tanto, Holguín afirmó con respecto a la necesidad de recuperar la verdad: "En qué andaríamos si aún estuviéramos buscando en qué consistió la violencia entre liberales y conservadores”. El Ministro añadió que tampoco se le está preguntando a los miembros del Polo cuál fue la verdad del Palacio de Justicia.

Por último se refirió a las nuevas estructuras del paramilitarismo y manifestó que de 42.430 desmovilizados, 748 han sido capturados por la Policía y devueltos a la cárcel por delitos menores.

A su vez, el comisionado Luís Carlos Restrepo cuestionó los datos de Petro y dijo que algunas de las pruebas que el Senador presentó no existen. Aprovechó para responderle a la oposición y al ex presidente Pastrana que el Gobierno no tiene pactos secretos con los paramilitares. Agregó que según el registro interno de la Oficina del Alto Comisionado los paramilitares han asesinado a 529 ciudadanos entre 2002 y 2006, y que la diferencia con la Comisión Colombiana de Juristas radica en el manejo de las fuentes de información.

Frente al tema de las cifras, el director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, se pronunció al respecto -–al día siguiente del debate— y explicó que la Comisión tiene más de 18 años de experiencia en el seguimiento que realiza sobre los hechos de violencia política, y que desde diciembre de 2002 hace el seguimiento de las muertes causadas por los paramilitares. Gallón, agregó que el seguimiento se hace con fuentes del gobierno como la oficina de la Vicepresidencia de la República, la oficina del Alto Comisionado para la Paz y Fiscalía General de la Nación; y con denuncias directas y revisión de 18 periódicos nacionales y regionales. Señaló, también, que una vez depurada la lista se confirma con la Fiscalía y anunció que hasta la fecha ha respondido que están en investigación previa 1497 casos.

También acudieron al debate el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya Villazón y el presidente de la Corte Suprema, Yesid Ramírez. El gran ausente fue el Fiscal General de la Nación, Marío Iguarán quien no asistió al debate, lo que provocó molestias en la oposición, así como el hecho de que la transmisión por televisión del debate no llegó a Córdoba y Sucre.

El debate culminó a la media noche del miércoles y al parecer todo puede quedar en una esquizofrenia discursiva total, así como lo afirmó la Senadora liberal Piedad Córdoba, quien, además, señaló que el proceso tiene que acabarse porque lo que se está dando es la legalización de un estado paramilitar.

¿Qué vendrá ahora?

Ante la esterilidad y pasividad de la mayoría de los actores que participan en esta obra, el debate continuará siempre y cuando la oposición al gobierno, representada en el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal confronten la política gubernamental frente al proceso con los paramilitares. Por otra parte, los llamados a dar demostraciones creíbles de verdad, justicia y reparación son los operadores judiciales, quienes tienen la responsabilidad de salvar en esta última fase, tal y como lo dijo el senador Gustavo Petro, este proceso con los paramilitares.

Entre tanto, el senador Gustavo Petro indicó que el debate continuará sobre Universidad y paramilitarismo, en la Comisión Quinta del Senado, donde se tocarán los temas graves de la Universidades del Magdalena y de Córdoba. La primera a punto de ser tomada por los paramilitares, colocando incluso preso al rector que se defendía de esa toma; y la segunda ya tomada por este grupo armado a sangre y fuego. Así que el debate continuará, según Petro, sobre muchos aspectos, los cuales el gobierno tiene que responder.

Mientras se baja el telón que de fin a la farsa del proceso de negociación que adelanta el gobierno con los paramilitares, los colombianos y la comunidad internacional seguiremos asistiendo a una obra que muestra parcial o pasajeramente la escena que define la legitimidad de un proceso donde se juega no solo la posibilidad de paz en el país, sino el destino de miles de colombianos.

- Reina Lucía Valencia V es editora Caja de Herramientas Virtual

Fuente: Corporación Viva la Ciudadanía.
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