Colombia

El comienzo del fin de la universidad pública

Reina Lucía Valencia V.

17/05/2007

Opinión

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“Hay que ver las cosas que pasan… hay que ver las vueltas que dan… con un pueblo que camina pa’ delante y un gobierno que camina para atrás”. Esta es una de las consignas que los estudiantes de las principales universidades públicas de Bogotá corearon en la pasada movilización del 10 de mayo. Más de 20 mil estudiantes de las universidades Nacional, Pedagógica y Distrital marcharon por las principales calles de Bogotá y se concentraron en la Plaza de Bolívar en lo que llamaron un Carnaval universitario para protestar contra la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, en particular por el artículo 38 que obliga a las universidades del orden nacional a concurrir en el pago del pasivo pensional. Lo que significa que las universidades deberán responder con su propio patrimonio, generando cambios administrativos y financieros que conllevan a transitar en el camino de la privatización de sus servicios en contravía de su razón de ser: brindar educación a bajo costo para los sectores de menores ingresos.

Esta movilización generó la reacción del gobierno nacional y el pasado martes 15 de mayo, el presidente Uribe se reunió con los rectores de las cinco universidades del orden nacional --Universidades Nacional, Tecnológica del Chocó, del Cauca, Caldas y Córdoba— para discutir el contenido del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo. En este escenario se logró un acuerdo donde el gobierno se compromete a aportar más del 95% para pagar el pasivo pensional de las universidades y a redactar un decreto reglamentario con los puntos centrales de este acuerdo. Aunque aparentemente es mínimo el porcentaje que le corresponde a las universidades, en cifras concretas resulta demasiado alto el costo que asumirían las administraciones universitarias. El rector de la Universidad Nacional explicó a El Tiempo ¹ que el pasivo pensional asciende a 3 billones de pesos, de los cuales este centro educativo pagaría el 3% que corresponde a 90.000 millones de pesos.

Aunque los rectores quedaron satisfechos con la negociación, la comunidad universitaria insiste en que el gobierno debe hacerse responsable por la totalidad del pasivo pensional de las instituciones. Es por esto que los estudiantes siguen saliendo a las calles para protestar contra el Plan Nacional de Desarrollo. El jueves 17 de mayo, unos siete mil estudiantes de universidades y colegios públicos de Bogotá se dirigieron al Ministerio de Educación; mientras que en Manizales centenares de alumnos se unieron a la protesta. Es que la crisis de las universidades públicas no sólo se vive en Bogotá, sino también en las Universidades del Quindío, la Surcolombiana, la del Cauca, la Tecnológica de Pereira, la Industrial de Santander, las sedes de la Nacional en Manizales, Palmira y Medellín, entre otras.

Los paros, las protestas y las tomas en las universidades públicas continuarán indefinidamente hasta tanto el gobierno no se responsabilice por la totalidad del pasivo pensional. Pero, al parecer el gobierno tiene otras dinámicas que minimizan la problemática tal y como lo afirmó la Ministra de Educación, Cecilia María Vélez, en reciente entrevista a la W ², al explicar que lo que pasa con el artículo 38 del Plan “es un mal entendido, yo creo que probablemente no hemos tenido la claridad para explicarlo, pero es más la solución al problema pensional de las universidades que al contrario como se ha interpretado: un atentado contra las finanzas de las universidades”.

La universidad es de todos y para todos

No es la primera vez que la comunidad universitaria se enfrenta a decisiones gubernamentales que van en contra de su autonomía, su carácter público y viabilidad financiera. Es el caso de la ley 812 de 2003, con la cual se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo 2003 - 2006, que en el artículo 84 ordenaba a las universidades públicas nacionales y territoriales a manejar sus recursos de acuerdo a unos parámetros creados por el mismo gobierno. Sin embargo, la comunidad académica planteó un debate político y jurídico frente a esta normatividad y logró que la Corte Constitucional declarara inexequible dicha Ley por ir en contra de la Constitución.

Esta historia se repite hoy. La comunidad universitaria y el gobierno siguen en orillas contrarias. Leopoldo Munera, profesor de Derecho de la Universidad Nacional plantea tres argumentos sobre la inconstitucionalidad del artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010 ³. El primero tiene que ver con la unidad de materia, lo que quiere decir que existe una incoherencia entre los objetivos planteados y los planes de inversión. Munera argumenta que “el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 no menciona en la parte general el saneamiento del pasivo pensional como uno de sus objetivos; no obstante incluye en el plan de inversiones una norma al respecto”.

El segundo argumento que plantea Munera se refiere a la autonomía universitaria. La Corte Constitucional en la Sentencia C-220/97 expresó que una de las funciones de las universidades es la de elaborar y administrar su propio presupuesto. En concreto, Munera explica que “al limitar la autonomía financiera, el Plan Nacional de Desarrollo también limita indirectamente la autonomía académica de las universidades del orden nacional, pues reduce los recursos propios o del presupuesto de la nación que son destinados para el desarrollo de las actividades académicas de las universidades y mediante los acuerdos de concurrencia incide en la orientación general de sus presupuestos”.

El Plan de Desarrollo no puede competir con la legislación vigente, este es el tercer argumento expuesto por Munera, quien señala que “el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo invade la competencia de dos normas de carácter específico, la ley 30 de 1992, que organiza la educación superior, y la ley 100 de 1993, que crea el sistema de seguridad social integral. En el primer caso, como hemos dicho, vulnera la autonomía financiera y en el segundo amplía la interpretación del artículo 131 al extenderla a las universidades del orden nacional y lo modifica al obligarlas a concurrir en la creación de los fondos”.

Los estudiantes son los protagonistas

Los estudiantes de las universidades públicas han reaccionado con movilizaciones, debates y propuestas en defensa del carácter público de la universidad frente a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo y la reforma académica, administrativa y financiera que afecta a las universidades públicas en el país.

Ángela González ⁴, estudiante de la Universidad Nacional resume los contenidos principales del movimiento estudiantil: “No nos vamos a centrar solamente en el artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo, sino que vamos a tratar de ubicar y estructurar un pliego a nivel nacional con los siguientes puntos: autonomía, democracia, financiación, bienestar universitario, libertades y garantías frente a la expresión y libre asociación al interior de las universidades. Queremos construir un pliego que recoja las reivindicaciones propias de las universidades regionales para poder dar una lucha conjunta”. Esta mirada permitió la articulación de la comunidad universitaria de las universidades públicas en Bogotá para movilizarse en contra del manejo que el gobierno le ha dado a la educación superior y proponer soluciones colectivas.

La movilización que se vivió el pasado 10 de mayo en Bogotá se caracterizó porque los estudiantes buscaron otras formas de expresar sus inconformismos de manera creativa y pacífica. Al respecto, Patricia Ramírez ⁵, estudiante de la Universidad Nacional explicó lo siguiente: “sentimos la necesidad de decir, aquí estamos, este es el problema. Me parece que fue muy buena esa marcha porque se manifestaron otras maneras de comunicar diferentes a las tradicionales, es decir que ya hay mucha gente que está pensando en cómo nos comunicamos de otra manera y eso se logró”.

Sin embargo, los estudiantes aseguran que sus formas de protesta siguen siendo estigmatizadas por el gobierno, los medios de comunicación y algunos ciudadanos. Johanne Estrada, estudiante de la Universidad Distrital y miembro de la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU, dijo que: “la movilización del 10 de mayo es otra de las mil formas de manifestación del movimiento universitario, en el que se hizo un llamado a la sociedad para que dejara de estigmatizar al movimiento estudiantil porque en las noticias nos califican de terroristas, vándalos y delincuentes. Nosotros no somos así, por el contrario somos el futuro de este país y de esta sociedad”.

Fortalecer las movilizaciones, defender la educación pública y propiciar otros escenarios de encuentro entre los estudiantes de las distintas universidades y de los colegios públicos son las propuestas para nutrir el movimiento estudiantil. Jorge Viviescas, representante de los estudiantes ante el Consejo Académico de la Universidad Pedagógica explica cómo se han fortalecido los movimientos universitarios: el punto central es la defensa y el carácter público de la universidad estatal en Colombia. Hay una serie de medidas que han hecho que la gente reaccione. El detonante del fortalecimiento del movimiento estudiantil ha sido la unidad entre las distintas universidades y la unidad al interior de la comunidad universitaria con profesores y trabajadores que han llevado a la consolidación del proceso en cada una de las instituciones universitarias”.

El artículo 38 del Plan Nacional de Desarrollo significa para el gobierno un esfuerzo para solucionar el problema pensional de las universidades nacionales, para la comunidad académica un debilitamiento de la autonomía administrativa y financiera de las universidades, y para los estudiantes un atentado en contra de la educación pública. Sin embargo, esta coyuntura permitió que alumnos, profesores, trabajadores, pensionados y sindicatos se unieran en un solo frente para defender la universidad y el derecho a la educación pública en Colombia.

Notas

1 Gobierno y Universidades públicas llegaron a acuerdo. El Tiempo, Mayo 16 de 2007.

2 Entrevista realizada por la W a la Ministra de Educación el pasado 16 de Mayo.

3 ¿Ley de leyes? Leopoldo Múnera Ruiz. Profesor Asociado. Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional de Colombia.

4 Por solicitud de la entrevistada su nombre fue cambiado.

5 Por solicitud de la entrevistada su nombre fue cambiado.

- Reina Lucía Valencia, editora del Semanario Virtual Caja de Herramientas

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas Nº 62
Corporación Viva la Ciudadanía. www.vivalaciudadania.org

https://www.alainet.org/es/active/17828