Colombia se paralizó contra el secuestro y clamó por la libertad de los secuestrados. Ayer 5 de abril, a las 12 del día, miles de colombianos salieron a las calles de las principales ciudades del país con banderas, globos, pañuelos y claveles blancos para rechazar el asesinato de los 11 ex diputados del Valle del Cauca y exigir la devolución sin condiciones de sus cuerpos, además de expresarse contra el secuestro de los 3.143 colombianos que están en poder de los grupos armados ilegales. Aunque los manifestantes coincidieron en rechazar el secuestro, los dividió la manera de cómo debe solucionarse la problemática humanitaria de los secuestrados al expresarse con mensajes como: “Sí al intercambio humanitario, no al rescate a sangre y fuego", y otros con "No al despeje" y "¡Gobierno, firmeza, siempre firmeza!".

La inconformidad, la movilización y la solidaridad ciudadana que se sintieron en las marchas contra el secuestro plantean un debate nacional sobre el acuerdo humanitario. Por una parte, los familiares de los secuestrados, la iglesia, las organizaciones sociales, de derechos humanos, de víctimas y de paz, y algunos sectores políticos como el Polo Democrático Alternativo y el Partido Liberal, entre otros fueron los protagonistas de la movilización social que clamó por el acuerdo humanitario y por una salida negociada al conflicto armado. Pero por otra parte, el presidente Uribe quiso capitalizar la jornada en un plebiscito de hecho a su mandato y en contra del acuerdo humanitario, tal y como lo afirmó Álvaro Villarraga de la Fundación Cultura Democrática “de alguna manera el Presidente ha querido hacer un plebiscito a favor de su política y ha pedido a la ciudadanía un respaldo a una línea de fuerza, hecho que puede configurarse en un fenómeno de afianzamiento autoritario, de negación del acuerdo humanitario, de ruptura de las conversaciones, de desconocimiento de los facilitadores y hasta del rol de los países amigos para pretender de manera unilateral resolver situaciones humanitarias y el conflicto por las vías de hecho”. Fue tan evidente la intención del gobierno de manipular la protesta de ayer que por ejemplo en Neiva el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y toda la cúpula militar, estuvieron al frente de la marcha en medio de un desfile de policías y militares, que ondeaban banderas con el mensaje: "Farc, basta ya de mentiras, libertad sin despeje". (1)

Entre tanto, ayer también se planteó nuevamente el tema de las responsabilidades frente al asesinato de los 11 diputados del Valle, cuando Carolina Charry afirmó: “Soy Carolina, hija del Diputado Carlos Alberto Charry asesinado por las Farc con la complicidad del Gobierno Nacional que fue inferior al compromiso de devolverlos con vida”. Frente a esta declaración, el ministro del Interior y de Justicia, Carlos Holguín, respondió: “Me da pena, respeto el dolor de Carolina y de todos los familiares, pero tengo que rechazar las acusaciones de que el gobierno haya sido cómplice”. Sin embargo, esta discusión de fondo no deja dudas que la responsabilidad directa la tienen las FARC por secuestrar a civiles como método de guerra, pero también es responsabilidad del gobierno porque no ha estado dispuesto a realizar un acuerdo humanitario que permita la liberación de los secuestrados.

En síntesis, este debate nacional sobre el acuerdo humanitario se plantea no como un deseo de los familiares que viven cotidianamente el sufrimiento de tener a sus seres queridos privados de la libertad, sino como una necesidad urgente de las víctimas del secuestro. Lo cierto es que este 5 de julio será recordado como el día en que miles de colombianos hicieron sentir su dolor, su solidaridad y su anhelo por el acuerdo humanitario para que los 3.143 secuestrados regresen con vida a sus casas.


Nota

(1) El Tiempo. Julio 6 de 2007.

Reina Lucía Valencia V.

 Editora Semanario Virtual Caja de Herramientas

Fuente: Semanario Virtual Caja de Herramientas

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